¡Justicia para las personas inmigrantes!
Comunicado de la
HOAC y la JOC
Hace
tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando
decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales
de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negativamente al
conjunto de la sociedad y, en particular, a las personas y familias más
empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones,
consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de
España está llevando hasta el extremo estas políticas contrarias a los derechos
laborales y sociales de personas y familias.
Entre
estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio
de un derecho básico de las personas, en el acceso a una sanidad pública que
atienda debidamente el derecho a la salud de las personas y a la debida
atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha tomado la decisión de que, desde el
próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada
su situación administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto,
la atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y la
atención a menores de edad y mujeres embarazadas).
Es una
injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad en el
que ha insistido la
Doctrina Social de la Iglesia : “Todo
emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados
en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los
Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio que los obispos
españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para
una situación como la actual: “Para la Iglesia , el emigrante,
independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle,
es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es
un hijo de Dios (…) El inmigrante no es
“una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto está dicho todo lo que
a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere” (Conferencia
Episcopal Española, “La
Iglesia en España y los Inmigrantes”, n. 5).
Por todo
ello, la HOAC y la JOC :
1º.- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de
España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación,
devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
2º.- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las
organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por
modificarla.
3º.- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto
de la Iglesia
a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos
de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
Madrid,
4 de mayo de 2012
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